La disputa legal entre Apple y OpenAI se intensificó esta semana luego de que la empresa creadora del iPhone solicitara a un juez federal de Estados Unidos una orden judicial preliminar para impedir que la firma de inteligencia artificial y dos de sus exempleados tengan acceso a información confidencial de la compañía.
Además de la medida cautelar, Apple presentó una moción para acelerar la etapa de presentación de pruebas dentro del proceso judicial, con el objetivo de avanzar rápidamente en la investigación de los hechos que denuncia.
La empresa también solicitó que rindan declaración Chang Liu y Tang Yew Tan, dos antiguos empleados de Apple que actualmente están vinculados al litigio. En su petición, la tecnológica argumentó que, de no concederse las medidas solicitadas, enfrentaría un "daño irreparable" por el posible uso de información considerada como secreto comercial.
La respuesta de OpenAI llegó pocas horas después mediante una publicación en su blog corporativo, donde calificó la solicitud de Apple como "descuidada, agresiva y extrañamente personal".
La empresa dirigida por Sam Altman aseguró que las medidas cautelares solicitadas por Apple están sustentadas en información falsa y sostuvo que no posee ni tiene interés en obtener secretos comerciales de la compañía.
"Apple intenta ahora atribuir la responsabilidad al 'acceso residual', pero omite mencionar que se trata de un problema habitual en la compañía, causado por una gestión inadecuada de los accesos al sistema cuando los empleados se marchan", señaló OpenAI en su comunicado.
Según la empresa de inteligencia artificial, algunos exempleados de Apple conservan acceso a determinados archivos debido a fallas en los procesos internos de la compañía, incluso cuando desconocen que esos permisos siguen activos o no desean conservarlos.
Como parte de su respuesta, OpenAI publicó mensajes de texto que, asegura, demuestran que fueron empleados de Apple quienes contactaron a Chang Liu después de su salida de la empresa para solicitarle ayuda en la localización de archivos dentro de los sistemas internos.
Asimismo, la compañía afirmó que los abogados externos de Apple enviaron las primeras advertencias legales a la persona equivocada en febrero, tras confundir los apellidos de dos personas de origen asiático, un hecho que utilizó para cuestionar el manejo del caso por parte de la empresa tecnológica.
El conflicto judicial comenzó formalmente el 10 de julio, cuando Apple presentó una demanda en la que acusa a OpenAI de apropiarse de secretos comerciales para acelerar el desarrollo de un dispositivo de hardware basado en inteligencia artificial.
En la denuncia original, Apple sostiene que OpenAI reclutó de manera estratégica a empleados de la compañía con el propósito de obtener documentos confidenciales, diseños de productos e información clave para el desarrollo de nuevos dispositivos.
Aunque OpenAI niega esas acusaciones, el caso podría convertirse en uno de los litigios más relevantes del sector tecnológico por las implicaciones que tendría sobre la protección de propiedad intelectual y la contratación de talento entre empresas competidoras.
La confrontación representa un cambio significativo en la relación entre ambas compañías. En 2024, Apple y OpenAI anunciaron una alianza para integrar ChatGPT en los dispositivos iPhone, iPad y Mac como parte de la estrategia de inteligencia artificial de la empresa de Cupertino.
Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse tras la adquisición de io Products por parte de OpenAI, una empresa de hardware fundada por el exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, en una operación valuada en 6 mil 400 millones de dólares.
Las diferencias se hicieron más evidentes este año cuando Apple presentó una nueva versión de Siri impulsada por el modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google, en lugar de ampliar su colaboración con ChatGPT.
El proceso judicial continúa en una etapa preliminar y será un tribunal estadounidense el que determine si concede las medidas cautelares solicitadas por Apple mientras se resuelve el fondo de la demanda por presunto uso indebido de información confidencial.