El elemento de la Policía Rosa acusado de haber ultrajado a su propia pareja, fue vinculado a proceso por los cuatro cargos que le fincó el agente del ministerio público y a partir de este momento deberá enfrentar un proceso penal desde el CERESO debido a que el Juez que conoció del caso le impuso la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA y OFICIOSA.

Se trata de RUBÉN EDUARDO, quien forma parte de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal y estaba asignado a la POLICÍA ROSA, un grupo especializado en el combate a los delitos de género principalmente en contra de la mujer.

Los delitos por los cuales se encuentras tras las rejas son el de VIOLENCIA DE PAREJA, HOSTIGAMIENTO SEXUAL, VIOLACIÓN y VIOLACIÓN EQUIPARADA, todos ellos en agravio de su pareja sentimental.

La investigación que lo mantiene privado de su libertad, establece que en el desempeño de sus funciones como elemento de la POLICÍA ROSA atendió un servicio en donde una mujer era violentada.

En el proceso, RUBÉN EDUARDO comenzó a tener comunicación cada vez más frecuente con la víctima y ese “acompañamiento” los llevó a comenzar una relación sentimental.

La mujer señaló en una reciente denuncia ante el Ministerio Público que durante el periodo en el que el uniformado y ella fueron pareja, ejerció violencia en su contra hasta consumar una agresión de tipo sexual.

La denuncia obligó a las autoridades ministeriales a llevar a cabo un proceso de investigación y detectaron indicios suficientes como para solicitar a un Juez una orden de aprehensión en contra del uniformado en funciones; investigación en la que por cierto, participó la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Finalmente, RUBÉN EDUARDO fue detenido mediante orden de aprehensión y puesto a disposición de un Juez quien determinó que hasta este momento procesal existen indicios suficientes que lo hacen suponer que el uniformado podría ser responsable de los delitos de VIOLENCIA DE PAREJA, HOSTIGAMIENTO SEXUAL, VIOLACIÓN y VIOLACIÓN EQUIPARADA.

Además de la PRISIÓN PREVENTIVA el Juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la FGE deberá perfeccionar u carpeta de investigación.